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Plataformas de financiación participativa: Qué son

Las fórmulas de financiación actuales son muy diferentes a las que existían hace poco más de una década. La crisis financiera de 2008 dio como resultado una restricción en la política de concesión de créditos de los bancos, de modo que aparecieron nuevas vías a explorar.

Desde entonces es muy habitual hablar de crowdfunding o crowdlending, estrategias que guardan puntos en común pero que también muestran ciertas diferencias entre sí. No obstante, ambas se definen como plataformas de financiación participativa en el ámbito jurídico.

¿Qué son estas plataformas?

Una Plataforma de financiación participativa es una entidad que actúa como intermediario entre promotores, personas físicas o jurídicas que buscan financiación, y los inversores, que pueden ser particulares, empresas, organizaciones, etc.

La plataforma actúa publicitando esos proyectos que necesitan financiación y a ellas pueden acceder todos esos inversores que lo deseen. En función del retorno de la inversión se puede hablar de una operación de crowdlending o equity crowdfunding. Par el primer caso, el inversor recibirá la devolución de los préstamos con el paso del tiempo más una suma de intereses.

El crowdfunding es diferente, pues la financiación se sustenta a través de la participación del inversor en el capital social del promotor. Si se trata de obras creativas, el crowdfunder recibe recompensas en caso de que el proyecto se pueda llevar a cabo.

¿Cómo se legislan las plataformas de financiación participativa?

La ley 5/2015, de 27 de abril, de fomento de la financiación empresarial, regula estos procesos, en concreto en su título V. La legislación explica con detalle qué tipos de actividades están incluidos dentro de este régimen jurídico, así como las limitaciones y las ptohibiciones.

Por ello, los procesos financieros que se realicen vía donaciones, venta de bienes o préstamos sin intereses no están bajo el amparo de esta regulación. Asimismo, las plataformas sí incluidas no podrán prestar servicios de asesoría financiero.

Tampoco pueden utilizarse para financiar a terceros, lo que implica que los proyectos publicados lo serán para financiación propia de sus promotores. Las plataformas de este tipo no pueden estar gestionadas por entidades bancarias.

Los promotores, que son quienes buscan financiación para sus proyectos, no pueden gestionar las plataformas. A su vez, no es posible ofrecer más de un proyecto a financiar en la misma plataforma. Estos proyectos no pueden ser de cualquier índole, sino únicamente empresariales, formativos o de consumo.

Dos apuntes relevantes más, las plataformas que operan de manera legal han de haber recibido la autorización de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y estar registradas para ello. Igualmente, no pueden usarse para invertir en activos financieros, pues para ello existen otros mercados como la Bolsa.

¿Qué ventajas e inconvenientes presenta esta vía de financiación?

Las plataformas de financiación participativa actúan como intermediario entre promotores e inversores, son el cauce que facilita estas operaciones. Por ello diseñan medios electrónicos que ponen en contacto a ambos actores.

Esto no es únicamente mayor agilidad en las transacciones, sino también menos exigencias en la contratación. Las entidades financieras son más cuidadosas para estos procesos y exigen estudios de viabilidad o la entrega de cuentas anuales con las que miden la solvencia económica.

En el caso de las plataformas, la financiación no depende tanto del tamaño societario. Muchas pymes pueden acudir a esta vía sin necesidad de garantía como una hipoteca. Por otra parte, también está al alcance de grandes promotores ya que existen proyectos con los que se recaudan cifras muy elevadas, de hasta 5 millones de euros cuando las operaciones se dirigen a inversores acreditados.

Los aspectos ventajosos de las plataformas de financiación participativa incluyen una posibilidad interesante, la de que los inversores procedan de distintos ámbitos, pues pueden ser particulares o no y con diferentes grados en cuanto a su compromiso con el proyecto.

Con respecto a las desventajas, la principal es que no siempre está asegurado un retorno positivo de la inversión. Esto se minimiza en los servicios de financiación bancaria. A esto hay que sumar que no siempre el promotor va a obtener fondos necesarios para iniciar el proyecto. En ese caso, la plataforma devuelve a los inversores sus contribuciones.Finalmente, este tipo de plataformas no están igualmente reguladas en toda la UE, pues cada país miembro tiene competencia para ello. En el caso de España, la regularización es muy estricta, lo que puede llevar a algunos promotores españoles a probar suerte con alguna plataforma extranjera.

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